Volumen 5, Número 9 (2006)

El interés principal de este artículo es analizar la propuesta de fundamentación de los derechos fundamentales esbozada por Habermas a partir de la teoría de la acción comunicativa, de la democracia deliberativa y de la reconstrucción del derecho moderno que este autor propone desde el principio discursivo y el paradigma discursivo del derecho. Por consiguiente, la pretensión es la de explorar la conexión entre derechos fundamentales, espacios públicos formales e informales de participación y un modelo deliberativo de ‘democracia constitucional deliberativa’ que Habermas establece a partir de varios de los supuestos y elementos que articulan su teoría de la acción comunicativa y, de un
modo más preciso, su principio discursivo como búsqueda y fundamentación tanto de derechos como de espacios comunicativo-normativos.

En la actualidad emergen con gran fuerza varias teorías que en general son denominadas jurisprudencia de valores y discurso principialístico. Estas teorías son muy variadas, sin embargo presentan algunos elementos comunes, dos de los cuales son su enfrentamiento
al formalismo jurídico latinoamericano y la aplicación de postulados tenidos como superiores por encima de los contenidos de la norma escrita. En este escenario se nos ha hecho creer que sólo hay dos opciones: el formalismo jurídico o la jurisprudencia de valores y/o de principios, pero esta dicotomía, además de falsa, remite a la
idea inconveniente de que de un extremo sólo podemos pasar al otro, sin considerar puntos intermedios.

Este trabajo analiza la jurisprudencia de valores y el discurso principialístico, para plantear
sus peligros en la sociedad colombiana contemporánea (e incluso la latinoamericana),
así como los riesgos derivados de pasar de un extremo al otro, todo con el fin de sentar las bases para otras propuestas jurídicas que impliquen una lucha por un mejor derecho escrito que no sea formalista pero que tampoco delegue la capacidad de encauzar los conflictos a postulados inciertos o a escuelas jurídicas que se autoasignaron la tarea de legisladores

La Constitución Política colombiana de 1991 consagra unos principios de manera expresa;
sin embargo el artículo 94 abre la posibilidad de que sean aplicados, dentro del ordenamiento jurídico, interno principios no expresos constitucionalmente siempre que se relacionen con la Dignidad humana. Es el caso de los principios bioéticos, que toman al Hombre y su Dignidad como la medida de todas sus reflexiones. Los avances en las Biotecnologías han generado controversias que para la Bioética son de continua
preocupación y por ello posee mejores herramientas teóricas para proponer soluciones
que el Derecho, y que pueden ser aplicados siguiendo los principios constitucionales,
en los términos del artículo constitucional mencionado

El presente artículo plantea las antinomias y aporías que se presentan entre los derechos humanos caracterizados como universales y los dogmas tradicionales de la soberanía y ciudadanía que están ligados a aquella forma de organización política de nuestros días que es el Estado-Nación. El fenómeno de la globalización ha puesto en crisis al Estado-Nación por lo que también se traduce en una crisis de la soberanía y la ciudadanía. Las funciones tradicionales que venía desplegando el Estado están siendo desplazadas y rebasadas por realidades externas (problemas ambientales y terroristas, cesión de facultades de decisión a organismo supranacionales, embates de los especuladores financieros, flujos migratorios, etc.,) e internas (el problema del multiculturalismo) por lo que tenemos un Estado enfrentando severos proceso de transformación o sobre vivencia.  En los confines del Estado mexicano y su ordenamiento jurídico, la universalidad de los derechos se queda en retórica. Un constitucionalismo mundial se presenta como la única alternativa viable si se quiere hacer efectiva la protección de los derechos humanos y ser acorde con la superación de la soberanía y ciudadanía

Hasta ahora, la práctica judicial ha identificado o catalogado algunas actividades como peligrosas, como los combustibles, los explosivos, las redes de energía, la conducción de vehículos y aeronaves, las armas de fuego, los hospitales psiquiátricos, las fumigaciones aéreas, los gases residuales, entre otras. Lista que no es taxativa y que puede verse ampliada de forma considerable si tenemos en cuenta la situación de alta peligrosidad en la que viven muchas poblaciones colombianas

Este artículo es una aproximación a cuestiones concernientes a la relación entre ley nacional (constitucional) y ley internacional, por ejemplo, los planteamientos levantados al llamado supremacía como principio de las decisiones supranacionales en el nivel interno sobre asuntos relacionados con la ley constitucional. 

El artículo precisa el reconocimiento general del principio que expresa el derecho de todos los Estados a decidir sobre sus propios asuntos (llamado por el autor principio de “autarquía“), además, la validez de de este principio jurídico y político fundado sobre los buenos valores comunes y sobre las propiedades intrínsecas de la vida política. 

Finalmente, el artículo trata las posiciones que niegan la independencia del orden constitucional, y las analiza críticamente, mostrando los desentendimientos ontológicos y sus consecuencias por fuera de la política.

Sin lugar a dudas la propiedad horizontal constituye la expresión más moderna y versátil del derecho de dominio sobre los bienes inmuebles en el contexto nacional. El poblamiento de los grandes y pequeños núcleos urbanos ha estado estrecha y directamente referenciado en las normas sobre la propiedad por pisos. 

Lo cierto es que las ciudades colombianas han crecido bajo el amparo normativo del régimen de propiedad horizontal, aspecto que lamentablemente no ha merecido del legislador un coherente y cuidadoso tratamiento, circunstancia que ha generado múltiples, delicados y crecientes problemas en la aplicación práctica de tales disposiciones legales.

El presente estudio pretende efectuar una mirada crítica, de carácter retrospectivo, al devenir histórico y hasta la actualidad, de los problemas prácticos que han resultado de la aplicación de los diversos cuerpos normativos reguladores de este especial sistema de propiedad en nuestro país, presentando ideas que, sin la pretensión de soluciones categóricas y definitivas, puedan contribuir a resolver tales dificultades prácticas y de esa forma “normalizar” su cotidiana intervención en el diario vivir de los colombianos.

La flexibilización del derecho laboral parte de una tendencia económico-estatal hacia modelos no  intervencionistas que, sumada a los cambios en los modelos de producción, al ensanchamiento del mercado laboral, al proceso de globalización y a la necesidad imperante de atacar el desempleo ha obligado a los Estados a adoptar políticas de flexibilización de sus propias estructuras, de sus políticas macro y microeconómicas y de su normativa con el fin de adecuarse a las condiciones de una economía global.

A pesar de que la flexibilización es un proceso que debe superar lo normativo y la simple reducción de costos de producción, ésa ha sido la política adoptada por la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, lo cual ha generado una afectación de los derechos y beneficios de los trabajadores que no se ha traducido en resultados positivos en materia de generación de empleo.

En el presente artículo se pretende demostrar la pertinencia de la metodología clínica para lograr las exigencias de calidad en la educación superior establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación colombiano (CNA). Con este propósito, se realiza una reseña sobre los inicios de las clínicas jurídicas y la descripción de las características de su metodología de enseñanza. Posteriormente, se analizan los factores de calidad impuestos por el CNA para evaluar los programas de educación superior y su correspondencia con los procesos y productos logrados a través de la metodología clínica.