Volumen 19, Número 39 (2020): Julio-diciembre

La recepción de la responsabilidad civil en el derecho de familia se ha convertido en una tendencia que ha ido haciéndose un espacio en el ordenamiento jurídico chileno. En este sentido, se han revisado las tendencias de las tesis que rechazan la posibilidad de resarcimiento y aquellas que sí la acogen, principalmente por las transformaciones recientes que el derecho de familia ha sufrido, apoyado con las últimas tendencias en materia de reparación de daños. Con ese propósito, se busca realizar una revisión respecto a los principales argumentos esgrimidos para buscar acoger la posibilidad de reparar el daño causado por el incumplimiento de los deberes matrimoniales.

El artículo presenta un análisis respecto de la protección internacional dada a las mujeres en vista de su desigualdad desde el enfoque de las capacidades y la protección de los derechos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo ha quedado estructurado en dos partes, cada una de las cuales presenta consideraciones sobre los documentos encontrados en la pesquisa documental y exploratoria. Como conclusión, se sostiene que, aun cuando se pueda decir que se han logrado avances normativos y jurisprudenciales, la persistencia de las violaciones atroces todavía practicadas contra las mujeres alrededor del globo, en general y, en particular, en América Latina, resulta en un delicado cuadro de desigualdad y vulnerabilidad evidenciado en esos países.

El objetivo principal de este trabajo es poner de manifiesto que la legislación española no regula, olvida o, incluso, vulnera muchos de los derechos de las personas trans. Para ello se realizó un estudio de las resoluciones, recomendacionese informes de los organismos internacionales, así como de la normativa y la jurisprudencia internacional. Como resultado de lo anterior se pudo comprobar que España se encuentra muy por debajo de países como Argentina en materia de identidad de género. Una de las conclusiones a las que se llega es que el Estado español debería aprobar una nueva ley de identidad de género que regule este derecho desde una perspectiva despatologizadora, y aplicar los estudios de género en todas sus leyes.

El artículo examina el estado del diálogo convencional en Chile, tomando como referencia tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran igual número de problemas muy sensibles de nuestra transición a la democracia: nos referimos, en primer lugar, a la impugnación de la amnistía a las violaciones de derechos en dictadura; en segundo lugar, a la desmedida extensión de la competencia de los tribunales militares para juzgar civiles; y en tercer lugar, al conflicto mapuche a través de un proceso penal resuelto en lo convencional. Si bien el Estado ha asumido, en general, las obligaciones que le han impuesto las decisiones de la Corte, veremos que no lo ha hecho de manera oportuna, obediente y completa. Además, en lo interno está muy lejos de aplicar el control de convencionalidad en forma plena, es decir, desplazando la norma por la contenida en el pacto. Este es el mayor déficit que existe en el proceso de integración del Estado chileno a la jurisdicción de derechos humanos.

El presente artículo tiene por objeto describir el concepto de bienes y servicios en las Directivas de consumo de la Unión Europea (UE) y en el Estatuto del Consumidor colombiano, para luego analizar en cada uno de estos ordenamientos cómo han de entenderse en un contexto de mercado digital. Esto permitirá, mediante una metodología descriptiva, considerar el tratamiento jurídico en Colombia de bienes que utilizan elementos digitales para su funcionamiento, conocido también como el Internet de las cosas. Al ponerse de presente los efectos jurídicos que de una relación de consumo de esta clase emergen, se sustenta que el Estatuto del Consumidor colombiano, en su estado actual, no es suficiente para afrontar la cuarta revolución industrial y el mercado digital, proponiendo una serie de medidas sustanciales y procesales necesarias que permitan el acoplamiento de Colombia al acelerado crecimiento del intercambio electrónico.

El presente artículo de investigación tiene por objetivo determinar la forma en que se coordinan la jurisdicción especial indígena (JEI) y la jurisdicción especial para la paz, así como el rol que las comunidades indígenas desempeñan en la justicia aplicada en el posacuerdo. Para lograrlo, emplea el enfoque empírico-analítico y el exploratorio-descriptivo desde el caso Embera Chamí en Riosucio (Caldas), apoyándose en el diálogo con dicha comunidad desde su conocimiento sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los posibles conflictos que pueden darse en la aplicación de la justicia transicional en sus dimensiones sancionatorias o penales. Como resultado, se encuentra que las jurisdicciones interactúan en el marco de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, con fundamento en la armonía institucional, la diversidad jurídica y el entendimiento entre culturas, lo cual permite que la coordinación entre ambas encuentre múltiples expresiones. Como conclusión se encuentra que, lejos de asumir un rol pasivo y a pesar del conflicto de competencias que se produce, la jurisdicción especial indígena reivindica distintos roles en la justicia del posacuerdo en temas como la asistencia, atención, reparación integral de las víctimas, reconstrucción de la verdad y de la memoria, reincorporación de indígenas excombatientes, entre otros.

El presente estudio tiene como objetivo ayudar a comprender la identidad etnorracial en relación con los contextos de discriminación (múltiple, interseccional e institucional) basados en la raza y sus implicaciones para la ley contra la discriminación. El enfoque de la cuestión de la discriminación racial se refiere a una serie de percepciones, ya que el término raza se deriva de la lucha constante y la controversia en el marco de las relaciones sociales, políticas y legales en América Latina. De hecho, un derecho de no discriminación desde una perspectiva descolonizante está atento al principio de igualdad y procura aproximar las demandas históricas de los subordinados y estigmatizados, especialmente frente a la herencia esclavista latina. El análisis de los problemas de identidad sirve para dilucidar situaciones discriminatorias complejas que se insertan en escenarios cuyas estructuras refuerzan la subordinación de los afrodescendientes, siendo una forma de eliminar las restricciones a los derechos. Se acudió a una metodología cualitativa y a la recopilación de datos a través de la investigación bibliográfica en libros, artículos científicos y sitios web para profundizar el conocimiento sobre el problema.

Por medio del método de análisis jurisprudencial constitucional se puede afirmar que a partir de la Sentencia C-108 de 1994, existe el precedente constitucional que reconoce de manera reiterada la competencia de la Corte Constitucional colombiana para realizar, por medio de la acción de inconstitucionalidad, el control abstracto de constitucionalidad de las omisiones legislativas relativas, competencia que de manera progresiva, ha ampliado su margen de fiscalización y ha permitido que el control de constitucionalidad no se restrinja exclusivamente a escenarios constitucionales de vulneración del principio de igualdad, sino que también se realice a cualquier desarrollo legislativo incompleto que resulte incompatible con la Constitución. Por esta razón, una vez analizado este precedente constitucional, se propone y entiende la inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa como la falta de desarrollo legislativo oportuno de la Constitución, que se verifica en el incumplimiento parcial de un deber constitucional concreto y vinculante de legislar, el cual se deriva de la interpretación sistemática y evolutiva de una disposición legal discriminatoria, deficiente o incompleta que produce la vulneración del principio de igualdad, la transgresión del derecho al debido proceso u otra garantía constitucional fundamental; restringiendo o dificultando la exigibilidad, la aplicación directa y la eficacia material de la Constitución.

Las Fuerzas Militares de Colombia juegan un papel importante que se enmarca en la seguridad y defensa nacional y en los intereses del Estado. También han adquirido un rol importante en la sociedad fungiendo labores y funciones que, dentro de muchos aspectos, no son las que les corresponden. Teniendo presentes las funciones propias en sus actividades y ejecuciones, el objetivo principal de este artículo fue mostrarlas y ver cómo se desprenden del ámbito operacional, por lo que se hizo necesario analizar las políticas públicas en el periodo 2010-2022: este periodo condensa dicho cambio y es en donde se ven las condiciones que propician factores de coyuntura y sus problemáticas tanto políticas como económicas. Así, se hizo una comparación para determinar la inflexión que existe dentro de las políticas públicas, estableciendo así los cambios y restricciones. La metodología que se empleó fue de carácter exploratorio al comienzo, y de carácter explicativo en el desarrollo y análisis, usando técnicas de recolección secundarias de datos. Por tratarse de un tema poco explorado en Colombia surgió la necesidad de exponerlo, para esto fue necesario buscar fuentes confiables que trataran de explicar el tema desde otras perspectivas; después, se continuó con la explicación de la hipótesis planteada respecto al fenómeno a tratar (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 1997, pp. 44-52), teniendo en cuenta que las fuentes se basaron en datos alternos y analizaron políticas públicas que trataron temas de seguridad y defensa nacional. Finalmente, se realizó un análisis y conclusiones de los resultados obtenidos con el objetivo de dar respuesta a la pregunta problema.

El artículo pretende demostrar que, tras buscar una alternativa a la aparente feble sanción que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia impone a los responsables de colusión, el legislador incurrió en imprecisiones que pueden comprometer la institucionalidad que la regula y sanciona. Propone las contrariedades de identificarla como delito aplicando el estándar probatorio penal, la discutible eficiencia de sancionarla en dicha sede y sus efectos para los fines del derecho de la competencia. Como metodología utiliza la investigación teórica y la recopilación, revisión y análisis de los trabajos doctrinarios. Por la evolución jurídica de la colusión, acude al método histórico lógico para, finalmente, utilizar el método sistemático, lo que permite un estudio concreto de la conducta en una estructura compleja que, con la nueva regulación, hoy la vincula con un estándar probatorio específico. Los resultados evidencian fragilidades en la observancia del non bis in ídem, existencia de sentencias contradictorias en sedes administrativa sancionadora y penal e insatisfacción ciudadana, al no existir cárcel efectiva para sus responsables. La conclusión confirma inconsistencias dogmáticas en su tipificación y que, considerando atenuantes, calidad, entidad de las pruebas y, fundamentalmente, el elevado estándar de apreciación de estas, solo estamos en presencia de un establecimiento simbólico de su penalización. Con ello, los fines preventivos, correctivos y sancionatorios de la Ley no están suficientemente resguardados, se sugiere, entonces, fortalecer las atribuciones del Tribunal Administrativo Sancionador y un estándar probatorio que permita la adecuada y eficaz sanción de la colusión, en concordancia con los objetivos del derecho de la libre competencia.

El presente artículo contiene una descripción y una revisión de carácter documental acerca de los orígenes normativos internacionales del principio de interés superior del niño y de su recepción legislativa en el ordenamiento jurídico chileno. Además, ofrece un análisis del tratamiento jurisprudencial del mismo y la revisión de las principales corrientes o tendencias interpretativas doctrinarias extranjeras sobre dicha cláusula indeterminada, describiendo los diversos criterios de objetividad o racionalidad como forma de superación de la indeterminación que el mismo puede llegar a generar. De esta forma se observa un tratamiento carente de uniformidad en los tribunales que conocen de estas materias, situación suscitada por problemas interpretativos.

Hace más de un siglo el recurso al derecho comparado surgió en diferentes ámbitos del pensamiento jurídico y en varios países occidentales. No obstante, en el derecho constitucional es una actividad más característica del período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con la pretensión de contribuir, aun cuando sea en mínimo grado, a la superación de esta historia de interconexiones limitadas entre el derecho comparado y el constitucional, en el presente artículo nos proponemos analizar la función del método en el derecho constitucional comparado, con especial énfasis en la hipótesis teórica de la viabilidad de una esquematización epistemológica de las categorías que podrían componer lo que se denominará metodología constitucional comparativa. Así, debemos reconstruir el origen del derecho constitucional comparado, sus objetivos y la importancia del problema en cualquier investigación constitucional comparativa, una vez que su autonomía epistemológica, especialmente en relación con el derecho constitucional positivo, se constituye como suposición teórica de la proposición que será defendida aquí.

La práctica del graffiti ha sido objeto de las más variadas consideraciones en las que se discute su valor artístico, su potencial como medio de comunicación de los grupos e individuos marginalizados y, especialmente, su ilegalidad. Una de las construcciones teóricas más empleadas a la hora de abordar el graffiti es la de las subculturas de la delincuencia, sin embargo, hay una falta de análisis detallado sobre la pertinencia de la ubicación del graffiti dentro de estos parámetros. Con lo anterior en mente, se confronta su pertenencia desde las características clásicamente definidas de la subcultura de la delincuencia frente a información suministrada sobre el graffiti desde disciplinas como la comunicación, las artes y la sociología; buscando identificar su correspondencia y distancia con dichas características. Puede verse cómo la correspondencia entre el graffiti y la subcultura de la delincuencia es muy baja y es más alta su distancia, así mismo, se refiere a aspectos que no son eminentemente negativos, lo cual indica la necesidad de una atención especial a la hora de abordar el graffiti como una práctica de la subcultura de la delincuencia.