Volumen 18, Número 37 (2019): Julio-diciembre

La introducción de la gobernanza del agua en el ordenamiento colombiano y la alta conflictividad socioecológica motivan los análisis que vinculan la naturaleza con los derechos humanos. Desde una investigación de corte dogmático descriptivo y analítico, este artículo propone el relacionamiento de la gobernanza del agua con los derechos humanos por medio de la integración de una serie de estándares jurídicos vinculados al Acuerdo de Escazú y al derecho humano al agua. Entre los hallazgos se identificaron: la deficiente reglamentación de la participación y del acceso a la información, la falta del financiamiento público, la limitación de la deliberación, la desmotivación de la concertación y la falta de integración efectiva de los grupos en condición de vulnerabilidad. Los objetivos de la gobernanza del agua, materializados en los Consejos de cuenca, se relacionan con los estándares jurídicos integrados y los hallazgos obtenidos.

El artículo busca explicar, a partir de la regulación económica, los riesgos que plantea la existencia de empresas verticalmente integradas en el sector eléctrico y la importancia de la separación de actividades. De esta forma, a partir de las diversas técnicas regulatorias que ofrecen, tanto la doctrina como los modelos comparados, particularmente de la Unión Europea y España, se recomienda avanzar en el sector eléctrico chileno hacia una separación funcional de actividades.

La indagación acerca del principio de planeación en el contrato estatal de obra pública constituye el objetivo de este escrito. De él tratan la jurisprudencia y la doctrina administrativa y lo derivan de las normas legales y de los principios que la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 consagran como requisitos de la contratación estatal. Para la indagación se utiliza el método cualitativo y el análisis descriptivo se apoya en la hermenéutica jurídica. Los fallos recientes del Consejo de Estado se caracterizan por la consideración del principio de planeación como esencial en la contratación estatal. De no estar presente, procede la nulidad absoluta del contrato, argumentación controvertida en salvamentos de voto y resolución de acciones de tutela, considerando que las causales de nulidad son taxativas y no provenientes de interpretaciones judiciales. Se concluye sobre la importancia de este principio-deber de la administración por su capacidad de control sobre la contratación y como freno a la corrupción. Se propone una modificación normativa y la divulgación previa de los componentes de la planeación con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas, sin desestimular la actividad privada.

A pesar de sus avances, el Estatuto del Niño y del Adolescente en Brasil, dejó espacios demasiado amplios de discrecionalidad en el ámbito del llamado procedimiento de investigación del acto delictivo. A lo largo de los años, no se logró una reforma legislativa del estatuto en lo que se refiere al tratamiento del adolescente a quien le es imputado un delito. Tal reforma, aún lejos de solucionar el problema central de la ausencia de derechos fundamentales materiales del adolescente seleccionado por la justicia de la infancia y de la juventud –que mimetiza la justicia penal–, al menos propiciaría la ecuanimidad formal del tratamiento del adolescente con relación al adulto. Este artículo tiene por objetivo rescatar la experiencia brasileña, así como presentar y debatir propuestas de reforma del Estatuto del Niño y del Adolescente.

En Colombia la responsabilidad social empresarial (RSE) ha tenido un lento avance. La mayoría de los empleadores carecen de conciencia colectiva que les permita entender su papel en la sociedad y la labor fundamental que realizan al generar puestos de trabajo, especialmente para aquellas personas en situación de discapacidad o con diversidad funcional. Desde la Corte Constitucional, ha sido señalado que el rol de la empresa y de la libertad de competencia debe contrastarse con la función social, en el marco de un Estado social de derecho. El presente artículo tiene por objeto revisar el papel de los empleadores en un mundo que hoy en día se debate entre la globalización, el fortalecimiento de bloques regionales y el nuevo nacionalismo, lo que genera formas diversas
de trabajo, de trabajadores y de modalidades de contratación y amplía los conceptos tradicionales en el ámbito laboral donde cambia el verdadero papel del empresario en la inclusión de personas en situación de discapacidad.

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar que existen tres teorías políticas que pueden utilizarse para justificar la colegiatura profesional de los abogados: el corporativismo, el pluralismo y el republicanismo. La teoría política que se adopte determinará el modo de concebir las funciones que el colegio de abogados ejerce en relación con el Estado. El trabajo específicamente se concentra en mostrar que la colegiatura funciona como un límite frente a la violencia institucional, cuando el paradigma adoptado es uno de tipo republicano.

El artículo identifica la intervención del Estado colombiano en la configuración del sector cinematográfico, y explica el uso del fondo cuenta como instrumento de gestión de recursos para el desarrollo de la función de promover y fomentar este y otros sectores administrativos. A través del estudio de fuentes jurídicas y mediante una aproximación de orden cualitativo con entrevistas a servidores públicos y actores del sector, la investigación efectúa un primer bosquejo del fondo cuenta como instrumento atípico de gestión de recursos públicos que funciona a partir de esquemas de descentralización por colaboración. La principal conclusión a la que arriba el trabajo critica la amplitud en las posibilidades de determinación y creación del legislador colombiano de los fondos cuenta como herramientas de intervención estatal, en la medida en la que la decisión de optar por esta clase de instrumentos carece de límites fácticos o normativos claros en el sistema jurídico colombiano. Esta situación se contrapone con lo que ocurre con otro tipo de instrumentos de intervención típicamente mapeados por el derecho público colombiano.

Actualmente los Derechos Humanos Fundamentales son el núcleo tanto de los sistemas jurídicos y las democracias constitucionales, como del discurso jurídico, político y social utilizado en las resoluciones de conflictos nacionales o internacionales. La persona humana es un valor que debe ser protegido por el ordenamiento jurídico interno de los Estados, además es un valor que merece especial protección jurídica en el ámbito internacional. Así, el artículo es el resultado de una investigación bibliográfica y documental en la que se aplica el método histórico-dialéctico para afirmar que ninguna diferencia subsiste entre las expresiones “derechos humanos” y “derechos fundamentales”. Distinguir entre estas dos categorías resulta inútil para expresar la delimitación del espacio territorial e injustificable en el contexto del mundo globalizado y en la perspectiva de un constitucionalismo plural.

En este artículo se presenta una aproximación de carácter académico a las nociones fundamentales del control de convencionalidad ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece, además, una serie de casos relevantes en materia de protección a los derechos de las víctimas. Asimismo, se presenta una relación jurisprudencial sobre los parámetros que ha utilizado la Corte Constitucional colombiana tratándose de justicia transicional.

El texto tiene como objetivo mapear y articular los principales fragmentos historiográficos y reflexiones teóricas en que Antonio Gramsci trata de la violencia política principalmente en sus Cuadernos de la Cárcel (1929-1935), pero con atención a sus escritos pre-carcelarios. La hipótesis desarrollada es que tales pasajes, reunidos y articulados teóricamente, sirven para demostrar la existencia de un método gramsciano para analizar el tema. El análisis teórico de los textos de Gramsci, situados en su contexto histórico, nos lleva, por la pluma del propio autor, al análisis de la práctica del “arditismo popular” como organización política de grupos subalternos de importante valor para discutir las formas posibles de lucha afuera de la institucionalidad vigente, así como a la discusión de la relevancia de estos tipos de lucha para emancipación social y el desarrollo autónomo de tales grupos.

Aparentemente no se vislumbra un inicio claro, pero al hacer un recuento de los hechos es evidente que hay algunas constantes eslabonadas en las guerras suscitadas en la región de Medio Oriente. Se ha notado una lucha ideológica, aunado a un problema relacionado con el control del espacio físico y de los hidrocarburos. El problema tiene dos aristas: el hermetismo ideológico de las naciones musulmanas y los intereses económicos y geopolíticos de las potencias occidentales encarnadas en la nación israelí.

Este artículo pretende emprender un análisis de las regulaciones legales del mercado capital brasileño apoyado por investigación bibliográfica y evaluación documental y de datos; enmarcada en la revisión del instrumento regulatorio conocido como acuerdo extrajudicial (conciliación). Un total de 405 términos fueron aprobados por Comisión Brasileña de Bolsas y Valores (CVM) entre el 2009 y el 2014, lo cual caracteriza un amplio uso de este instrumento regulatorio. Este análisis concluye que aunque el arreglo presentado acá puede ser reconocido como un importante mecanismo en el contexto de la regulación del mercado de capitales, su uso excesivo constituye una distorsión tanto de sus propósitos como de los fundamentos de la normativa disciplinaria del mercado e incluso del conjunto de funciones asignadas al CVM.