Volumen 7, Número 14 (2008)

En este trabajo se plantea una propuesta de sistematización de los mecanismos de control de los secretos de Estado en el ordenamiento jurídico español. Tres son los parámetros jurídicos de control: 1) que la información clasificada
afecte a la seguridad y defensa del Estado, 2) un juicio de probabilidad sobre el posible daño o riesgo a la seguridad y defensa, y 3) la ponderación de la defensa nacional con otros derechos o intereses en conflicto. Estos parámetros de control se aplican a un caso concreto: la información relativa a las
exportaciones de armamento que son autorizadas por la Administración. El resultado del control es que debería considerarse ilegal la clasificación de los
datos relativos al comercio de armas.

El concepto del desarrollo sostenible representó un gran avance en el escenario que marcaba una dicotomía tajante entre conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento humano. Si bien aún se critica su imposibilidad de concreción en la vida real, el solo hecho de vincular al modelo de desarrollo economicista imperante una preocupación, así sea instrumental, por la preservación de la naturaleza permite hoy día poner en las agendas de gobierno el tema ambiental como un aspecto interdependiente y correlacionado con las políticas públicas económicas, sociales e incluso de seguridad nacional, si lo que está en el tapete es el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Pero no es fácil conciliar intereses que han estado en lados opuestos por tanto tiempo, más aún cuando las contradicciones y vacíos normativos derivan del mismo marco jurídico que pretende regular adecuadamente esta relación. Para quien debe hacer cumplir la ley surge entonces la duda sobre cuándo lo legal llega a ser injusto en situaciones que se convierten en conflictos éticos al tener que escoger entre cumplir una obligación institucional que vulnera derechos, con la posibilidad de ser cuestionado por acción, o no cumplirla por sus consecuencias sobre derechos preexistentes, previendo en este caso también una sanción por omisión.

A pesar de que en el constitucionalismo colombiano la regla general es el principio de libertad de iniciativa legislativa de los miembros del Congreso en el proceso de formación de las leyes, la Constitución ha establecido respecto de ciertas materias que la iniciativa corresponde de manera exclusiva al Gobierno Nacional. En ese orden de ideas, el presente artículo expone los argumentos empleados por la Corte Constitucional para precisar el alcance de la aplicación de las causales que limita la iniciativa legislativa en forma reservada al Gobierno Nacional.