Volumen 4, Número 7 (2005)

Se concibe el modelo de justicia restaurativa como un cambio de paradigma, soporte necesario para el logro de una nueva concepción de la administración de justicia, dentro del marco de un Estado Social de Derecho, regido por su principio fundante: “la dignidad humana”; que abandone el modelo represivo y retributivo, replanteando para ello el papel del Estado frente al ejercicio del ius punendi y considerando los límites constitucionales impuestos a éste, pero fundamentalmente considerando al proceso jurisdiccional como un instrumento de paz.
Asumimos entonces, el supuesto que plantea el modelo de Justicia Restaurativa cual es la Humanización del proceso penal, a partir de la convocatoria de los actores del conflicto delictivo: Estado. Sociedad, victimario y víctima, para que en forma concertada y justa encuentren la solución al fenómeno delictual, cuya característica fundamental debe ser la reformulación de los fines de la pena, otorgando para ello, un papel protagónico a la víctima en el nuevo proceso penal acusatorio, dotándolo con verdaderas facultades de parte procesal, pero sobre todo respetando su dignidad humana.

La política criminal, como especie de la política de justicia, debe comprenderse como aquella que configura el sistema penal, configuración orientada por una muy clara intencionalidad del poder punitivo. Esa intencionalidad no es otra que la legitimación, para los países periféricos, del derecho penal, es decir, “del sí y del cuánto de la sanción jurídico-penal de las conductas típicas.”1 Y de esa forma del poder punitivo.

Esa configuración del sistema penal puede realizarse de una manera burda, como es la planteada por las políticas criminales totalitarias, o de una manera muy elaborada, como acontece con las políticas criminales liberales en donde se busca elaborar un sistema penal liberal así como un derecho penal liberal, que de suyo debe ser crítico y limitante, Pero tanto en una como en otra, el poder punitivo se legitima.

Este artículo analizará los fundamentos y las consecuencias sociojurídicas de los sistemas de responsabilidad penal juvenil, lo cual toma gran importancia en Colombia pues se viene hablando de tiempo atrás de la urgencia de modificar dicho sistema. La ausencia de una literatura especializada ha dado lugar a todo tipo de juicios en varias direcciones que nada bueno han dejado en lo que respecta al pensamiento de la responsabilidad juvenil en un país donde la situación de delincuencia entre los menores de edad es asunto más que grave. Entonces, ante la disyuntiva que se nos pretende plantear (entre un sistema penal juvenil represivo o la impunidad), el investigador debe ahondar en presupuestos filosóficos y sociológicos para proponer otras alternativas reales y concretas para una reforma, enfocado especialmente en la comprensión de lo juvenil (que implica un diálogo de saberes), la representación –función en el mundo de lo real cotidiano del sistema jurídico penal–, y la figura del juez en dichos procesos, entre otros elementos. De esta manera, este artículo ahondará en los elementos sociojurídicos que se consideran más relevantes para servir de fundamento teórico del proceso de reforma del sistema de responsabilidad juvenil.